El precio que se paga por no claudicar

Por Katia Miguelina Jiménez Martínez

A través de un comunicado que nos hiciera la Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM)  nos enteramos de la terrible noticia del asesinato de la jueza brasileña Patricia Lourival Acioli, acribillada de 21 disparos en la puerta de su casa el pasado 12 de agosto.

Este lamentable suceso enluta no sólo a los familiares de la extinta jueza, sino a la judicatura brasileña y a todos los jueces y juezas de Iberoamérica. Jueces Dominicanos para la Democracia (JUDEMO), emitió una nota pública condenando enérgicamente este crimen de la heroína de la justicia del Brasil, expresando también nuestros sentimientos de pesar y solidaridad para con sus familiares y para con los miembros de los tribunales brasileños por esta dolorosa pérdida.

Las investigaciones desplegadas hasta el momento revelan que se trató de un crimen por encargo que habría sido contratado por un grupo mafioso de São Gonçalo, en la región metropolitana de Rio de Janeiro, ciudad en la cual la Doctora Acioli ejercía sus funciones como titular de la 4ª Vara Criminal (Juzgado) del municipio. En algunas decisiones de Patricia está la prisión de policías militares de São Gonçalo que secuestraban traficantes e incluso, tras matarlos, entraban en contacto con familiares y relacionados exigiendo dinero para liberarlos.

Lo grave de este vil y cobarde asesinato a la colega de 47 años es que pone de manifiesto la fragilidad del sistema del hermano país. Por un lado, y por la propia denuncia del Presidente de la Asociación de Magistrados Brasileños, Nelson Calandra, "la jueza Patrícia Acioli es una víctima de las organizaciones criminales en un sistema procesal penal en el que las personas van a la cárcel solamente cuando interviene el Supremo Tribunal Federal". Por lo menos en República Dominicana esto no es así.

Por  otro lado, y es algo que deseo destacar, pues no sólo sucede en Brasil, sino que se registra también en la República Dominicana, es débil el servicio de seguridad para todos los magistrados.

Un dato que llama nuestra atención es que existe en Río de Janeiro el "Disque-Denúncia", un sistema de denuncias aportado por la sociedad civil con la colaboración del Departamento de Seguridad, a través del cual los ciudadanos, sin que puedan ser rastreados, proporcionan información anónima acerca de las actividades delictivas de la población, basado en la experiencia internacional de Crime Stoppers. A pesar de que desde el año 2000 hasta la fecha de su asesinato, dicho sistema había recibido 37 denuncias sobre amenazas de muerte contra Acioli, nunca la jueza recibió custodia policial.

Insisto, los jueces dominicanos también carecemos de adecuada protección personal y familiar, lo cual se justifica por la naturaleza de las funciones que ejercemos. Sin embargo, y a pesar de que la ley de Carrera Judicial núm. 327-98 contempla esta protección como un derecho del juez o jueza a cargo del Estado, muchos colegas, a diferencia de peloteros, artistas, periodistas, religiosos, funcionarios, jueces de la Suprema Corte de Justicia, andan por los caminos de Dios expuestos a erigirse en mártires civiles, de una sociedad que con este tipo de sucesos va comprendiendo cómo ha de ser ejercida la función pública: con todos los honores y todas las responsabilidades hasta poner en juego la propia vida y ganando la batalla de su propia conciencia y convicciones, sin claudicar a sus principios. Triste consuelo.

Los jueces no debemos seguir estando expuestos a tantos peligros, a tanta inseguridad, aún en nuestras casas y en nuestros propios despachos, sin la más mínima protección. ¡No señor! Que el caso de la jueza Acioli nos sirva de espejo a los dominicanos.