Por Katia Miguelina Jiménez Martínez (Katia_miguelina@yahoo.es)
La educación es en la actualidad un derecho humano fundamental ampliamente reconocido por la mayoría de las constituciones, incluyendo la nuestra, y por los textos internacionales relativos a los derechos humanos y que protegen a la niñez, de los cuales nuestro país es signatario. Pero además de consistir en un derecho social fundamental, la educación es un instrumento esencial para el progreso y el desarrollo de las naciones.
Para arribar a esta concepción del derecho a la educación que “orgullosamente” plasmamos en nuestra Carta Sustantiva hubo que traspasar períodos de tensas luchas y tensiones de todo tipo. El derecho a la educación como tal y su institucionalización como sistema público fue el fruto de todo un proceso dentro de la historia. Sienta sus primeras bases con el proceso ideológico de la ilustración y antes de la revolución francesa era considerada un privilegio que detentaban los sectores de poder, pero que los liberales revolucionarios franceses concibieron indispensable para la conformación de la nueva sociedad. “¡Atrévete a saber!” (“Sapere aude!”) fue la consigna de la ilustración.
La actual Constitución dedica a este derecho el Art. 63, estableciéndose, entre otras cosas: “Toda persona tiene derecho a una educación integral, de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones…”.
Ciertamente, en la recién proclamada Constitución dominicana la educación permanece siendo un derecho fundamental, pero se insertan disposiciones a través de las cuales lo que debe ser una obligación estatal ha sido delegado a las familias y a la sociedad, es decir, la obligación pública ha sido matizada.
De igual manera, se incluyeron políticas de privatización, descentralización y elección de los padres, con lo que se reducen o minimizan las obligaciones gubernamentales sobre este importantísimo derecho humano de segunda generación.
Pero cabe destacar que uno de los principales motivos para que se incluyera la educación entre los derechos humanos es que su realización no dependiese del libre mercado, pues en éste el acceso a la educación está determinado por el poder adquisitivo, sino que el soporte del derecho a la educación es un sistema en el ésta sea gratuita en los lugares donde se imparte, y lo es como ejercicio de un derecho y no en función de la capacidad de cada uno para costearla.
A pesar de lo anterior, en nuestro país los colegios y universidades privados se han convertido en un lujo, al que dentro de muy poco tiempo, si seguimos por este camino, las familias dominicanas no podrán tener acceso, pues un gran porcentaje de éstas se inclina por pagar los costos de la educación privada, ante la baja calidad de la educación pública. Y es que “la libertad de empresa” y el escaso control de las autoridades están dando pie para que la lógica de la maximización de la renta prime por sobre el derecho de los niños y los ciudadanos a la educación.
La tendencia alcista cada año escolar de los costos por inscripción, cuotas mensuales o anuales se hace por lo general sin observar la Ley No. 86-00 sobre tarifa de colegios privados, que permite su revisión por parte del Ministerio de Educación cada 3 años, y sujeta los aumentos en función del alza comprobada por los costos, tomando en cuenta el factor indexación. Estos aumentos alcanzan también a los libros escolares, los que se cambian con demasiada frecuencia, además de que sus diseños, por lo general, no permiten que puedan ser re-usados.
Pero peor es que el aumento de esas tarifas, no se corresponde con el incremento en el índice de inflación y mucho menos con el poder adquisitivo de la familia dominicana, llegando los colegios a adoptar medidas que lejos de no afectar el presupuesto de los padres les ocasionan graves perjuicios, como por ejemplo la no devolución del pago de la inscripción, cuando por alguna razón la familia decide cambiar de institución escolar. O sea, “o estudia aquí o en ninguno”.
A todo esto se suma que en muchos colegios privados a los padres se les pone a firmar leoninos contratos de “servicios educativos”, pagarés y hasta se les coloca en el Data Crédito si no pagan, con todo lo cual pareciera quedar confirmado que en nuestro país a la educación se le considera como un mero servicio o una mercancía negociable, y no como un derecho que el Estado tiene la obligación de respetar, asegurar, proteger y promover. De ahí, que es imperativo que el Ministerio de Educación adopte los recaudos de lugar para darle adecuado seguimiento a muchas de esas prácticas inmorales y arbitrarias.
Lejos de pretender que los colegios o universidades privados trabajen de gratis, a lo que aspiramos es que tales aumentos en las tarifas por inscripción, mensualidades, libros, créditos y demás, se haga con regulación estatal y sobre bases justificadas, pues no debe olvidarse que los derechos humanos, aunque resulte paradójico, no son negociables y ponen a cargo del Estado la adopción de medidas positivas con el fin de facilitar a los ciudadanos el acceso a tales derechos, como lo es en este caso la educación. Recordemos las palabras del presidente Leonel Fernández: “¡Sólo la educación salva a la República Dominicana!”.
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