Próxima conferencia de Katia Miguelina. PUCMM

Salvajismo policial versus convivencia democrática

 Fuente imagen: Amnistía Internacional Chile

Por Katia Miguelina Jiménez Martínez (Katia_miguelina@yahoo.es)

 Acento

Periódico HOY 

A casi 50 años del ajusticiamiento del dictador Rafael Leonidas Trujillo, quien instauró un régimen de sangre y opresión por más de 30 años, la violencia policial en República Dominicana en contra de los ciudadanos continúa siendo una realidad palpable,  pues persisten situaciones de maltrato físico y trato degradante por parte de la policía,  lo que resulta inaceptable en un Estado Democrático de Derecho.

Contra miembros de la policía no cesan las denuncias de ciudadanos por cometer en su contra actos de violencia. Tal situación se ha registrado, incluso, con los agentes encargados de dirigir el tránsito vehicular y hasta en la práctica de desalojos, lo que por sí solo es gravísimo.

A pesar de que ha transcurrido casi medio siglo del derrocamiento de un régimen autoritario que apañó el ejercicio abusivo y arbitrario de la fuerza, en el país no se ha conseguido adecuar la actuación policial al esquema de legalidad y eficiencia que se exigen, para preservar el respeto de los derechos fundamentales, por un lado, y la salvaguardia del orden público, por el otro.

Es alarmante el nivel de violencia y salvajismo que se registró en un caso que pudo ser grabado desde un teléfono celular, por suerte. En el video muchos pudimos ver la brutal paliza que tres miembros  de la Policía Nacional le propiciaron al ciudadano  Romero Omar Peña Báez, quien viajaba acompañado de su familia en un vehículo que fue rozado por la moto que ocupaban los agentes policiales en el sector de Villa María. Pero además, golpearon al lugareño que grabó la agresión con un celular. 

El video del deplorable ataque es, por desgracia, la imagen de una realidad generalizada que urge sea erradicada, pues con ello se pone en peligro las bases de la convivencia democrática, en la que debe respetarse la dignidad de las personas, fundamento de la Constitución. Y más aún, esta falta de adecuación de las fuerzas del orden al sistema democrático evidencia una fuerte resistencia a los procesos de reforma impulsados desde la sociedad civil.  

 A lo anterior agregamos que los ciudadanos nos sentimos inseguros, cuando son los propios integrantes de los cuerpos que tienen a su cargo la preservación del orden público, quienes habitualmente acuden a la violencia y provocan la indignación de la sociedad.  

Es por todo ello que urge la reforma policial sobre la base del respeto a la legalidad y que se rompa con esa cultura autoritaria que nos permitan como nación convivir en democracia e insertarnos en la cultura de legalidad y de paz.

¿Justicia Restaurativa?

Fuente imagen: Justicia Restaurativa Colombia)

Por Katia Miguelina Jiménez Martínez (katia_miguelina@yahoo.es)
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El aumento de la criminalidad y la delincuencia que se ha estado registrando en nuestro país y en muchos otros, hace que la respuesta de las autoridades a la presión que causa en la sociedad la inseguridad sea la drasticidad, reflejada ésta en el aumento de las penas, la proliferación de nuevos tipos penales y la aplicación de condenas máximas, todo lo cual es propio del modelo de justicia retributiva.

Sin embargo, esa manera de reaccionar frente al delito con un dolor afín al que causó el infractor, sin que se adopten medidas preventivas eficaces y sin que la reparación al daño causado a las víctimas sea determinante, continúa abarrotando a los tribunales de procesos, lo cual tiene repercusiones en las prisiones, evidenciándose aumento de la población carcelaria, hacinamiento y violencia.

Ante el fracaso de la privación de libertad como respuesta única al delito, el derecho penal contemporáneo ha avanzado hacia un modelo de justicia restaurativa, en la cual sí se contemplan las sanciones alternativas, sobre todo porque con la retribución no se ofrece la solución más humana al conflicto social, persistiendo la amargura de la víctima, el aumento del resentimiento del condenado, nada de lo cual nos encamina hacia la paz social. Aunque se precisa dejar claro que ambas teorías tienen sus ventajas y que no estamos proponiendo, de ninguna manera, que una sustituya a la otra, pero sí que se combinen con mayor nivel de compromiso.

El concepto de justicia restaurativa o reparadora en la actualidad nos lleva a la idea de restaurar relaciones sociales afectadas por el delito, dándole solución al conflicto, para lo cual se considerarán los intereses y pretensiones de la víctima y la rehabilitación del infractor. Así, en el modelo de justicia restaurativa la pena lleva por fin hacer efectiva la responsabilidad del encausado por los ilícitos que comete, de tal suerte que la sanción forme parte de una intervención socioeducativa amplia y orientada a la plena integración social. Es por ello que cabría afirmar que se trata de una visión y una posición radical y diferente del derecho penal tradicional.

Aunque en la práctica no lo parezca, la República Dominicana ha insertado en su normativa instituciones propias del modelo de justicia restaurativa, a pesar de que en nuestra política criminal exista un gran predominio de la justicia retributiva. La presencia de la justicia restaurativa en nuestro sistema jurídico es notoria en el Art. 2 del Código Procesal Penal al establecer: “Solución del conflicto. Los tribunales procuran resolver el conflicto surgido a consecuencia del hecho punible, para contribuir a restaurar la armonía social. En todo caso, al proceso penal se le reconoce el carácter de medida extrema de la política criminal”. A esto agregamos la importancia que han recobrado los derechos de la víctima (art. 7 del CPP).

El indicado código incorpora, además, una lógica y mecanismos de resolución alternativa de conflictos, suspensión condicional del procedimiento y de la pena (Arts. 37, 40, 341 del CPP), con el objetivo de propiciar la interacción entre el ofensor, la víctima, la comunidad y el Estado en un marco de igualdad y respeto por los derechos humanos. Sin embargo, es lamentable la escasa implementación de ello en el país.

Sería recomendable que se establecieran políticas y programas de justicia restaurativa en materia penal como componente de la respuesta nacional hacia el delito, lo que nos pondría a tono con los más de cien países en todo el mundo que lo han hecho, unos de modo oficial, otros a través de programas que son desarrollados por ONG’s.

Finalmente, vale destacar que es este un tema que interesa a la Organización de la Naciones Unidas (ONU), la que a través de su Consejo Económico y Social y su Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal, estableció un conjunto de principios básicos para aplicar los programas de justicia restaurativa. ¡Insertémonos!

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Mujer y el “techo de cristal”. Hacia la igualdad de oportunidades

Por Katia M. Jiménez Martínez
Acento.com

Las desigualdades existentes entre mujeres y hombres en nuestra sociedad son actualmente visibles en las diferentes esferas públicas. La batalla por eliminarlas inicia con la lucha por el acceso de las mujeres al espacio público, pero más que nada a los espacios de poder y de toma de decisiones, de modo que pueda materializarse una igualdad de oportunidades real.



Desde hace un tiempo el término "techo de cristal" se usa para identificar a una serie de barreras transparentes que suelen impedir el acceso de las mujeres a puestos de alta jerarquía. Tal invisibilidad viene dada porque los obstáculos que limitan su acceso a los espacios de poder, como afirma Mabel Burín, no existen en leyes ni dispositivos sociales establecidos, ni en códigos visibles que impongan a las mujeres semejante limitación, sino que está construido sobre la base de otros rasgos que por su invisibilidad son difíciles de detectar.


Sin embargo, a pesar de que tales obstáculos son intangibles, las estadísticas demuestran la notoria desigualdad. Así tenemos que en nuestro país actualmente la mujer no tiene una participación igualitaria a la del hombre en los cargos congresuales ni municipales, a pesar de que la ley reserva una cuota de un 33% para la mujer por los partidos políticos. De 32 senadores, escasamente 3 son mujeres para implicar un pírrico 9.37%; de 183 diputados solo 39 son mujeres (21.31%). En los ayuntamientos de 155 posiciones apenas 10 mujeres son síndicas, lo que equivale a un 6.45%.


El acceso desigual también se demuestra en aquéllos cargos públicos no electivos popularmente, como lo sería la justicia. Aunque vale destacar que la situación ha mejorado notablemente para la mujer desde que se adoptó un sistema de selección en base al mérito, a través de concurso de oposición. Sin embargo, persiste el desequilibrio en las posiciones de mayor jerarquía dentro del escalafón judicial, afirmación que sustentamos al analizar las estadísticas.

Así tenemos que de 189 jueces de cortes de apelación y equivalentes a nivel nacional, sólo 70 son mujeres, lo que viene a representar un 37%. Y si pasamos revista a la Suprema Corte de Justicia la desigualdad se nota mucho más. Allí de 16 jueces sólo 5 son mujeres (31%). El total de mujeres entre cortes y la suprema suman 75, lo que representa apenas un 36%.


Lo que sí ha sido establecido por la Constitución de la República es el principio de igualdad, cuando en su Art. 39 declara, entre otras cosas, que "Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley... gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación por razones de género, color...".

A pesar de la cantidad de mujeres y sus méritos en las universidades, además de que ha demostrado ser capaz, responsable y pulcra en el ejercicio de funciones públicas y privadas, existen trabas, que según investigaciones radican en el machismo, el modelo de sociedad patriarcal, los estereotipos y preconceptos negativos sobre las habilidades de la mujer, muchos de los cuales se insertan desde el propio seno familiar y en la escuela, convirtiéndola en "no elegible" para puestos que requieran autoridad y ejercicio del poder.

Cobrar conciencia de la existencia del "techo de cristal" es indispensable, a fines de lograr el cambio de mentalidades, de comportamientos, que junto a la implementación de políticas públicas puedan dar paso a una organización social donde las mujeres disfruten de igualdad real de oportunidades para alcanzar los puestos de mayor responsabilidad.