Los jueces y la política

Por Katia M. Jiménez Martínez
Publicado por Gaceta Judicial y Clave Digital.

¿Existe verdaderamente antinomia entre jueces y política?

Constituye una verdad insoslayable que en los sistemas democráticos contemporáneos se registra cada vez con mayor intensidad una creciente expansión de la judicatura, nada de lo cual es pura casualidad.

Países como Estados Unidos, Italia, Alemania, Francia, España, entre otros, nos sirven como ejemplos en donde se ha registrado tal tendencia. Unos lo experimentaron primero, otros después, atendiendo pues a la tradición constitucional registrada en éstos y, obviamente, al contexto en que les ha tocado desarrollarse.

En República Dominicana también se ha estado experimentando el fenómeno expansivo del Poder Judicial, que tiene por consecuencia un aumento de la incidencia política de la Justicia en el marco de las democracias contemporáneas. A la ciencia política le ha dado por llamar a este fenómeno “judicialización de la Política”, ante la creciente importancia que han adquirido los tribunales de justicia en el campo político.

En un sentido amplio, judicialización de la política existe siempre que, mediante el ejercicio de la jurisdicción, los jueces y tribunales inciden en un sector de la realidad social con anterioridad encomendado, exclusivamente, a los actores de la vida política.

Sin embargo, por ser los jueces garantes de la Constitución y de las leyes, y por tanto de los derechos fundamentales, es que juegan un papel preponderante en la misma construcción democrática de esa vida política, pudiendo afirmarse que es precisamente ello lo que otorga legitimidad materialmente democrática a la función jurisdiccional y, con ello, su rol político.

Y es que los jueces, mediante sus decisiones, interfieren en los asuntos públicos, o mejor dicho políticos, de un determinado Estado, lo cual no los convierte en funcionarios políticos, sino que tan sólo son funcionarios judiciales que intervienen como consecuencia de sus propias funciones, y a raíz de una controversia de la cual se les apodera.

Muchas veces el tipo de caso que se ventila, y su relación con el mundo político trae por consecuencia un inmenso poder político a las manos del juez. Asuntos tales como tutela de derechos fundamentales, abusos de la autoridad pública, acciones que promueven la inconstitucionalidad de leyes o actos de los poderes públicos, entre otros. La recién proclamada Constitución contiene la creación de jurisdicciones especializadas como el Tribunal Constitucional, la Jurisdicción Contencioso Administrativa, Tribunal Superior Electoral, que son una consecuencia directa del fenómeno expansivo de la “judicialización de la política”, a las cuales se les encomiendan atribuciones que versarán sobre temas que son pura dinamita en poder de los jueces, en cuyas manos ha estado siendo encomendado el contrapeso del poder político del Ejecutivo y del Legislativo.

Lo precedentemente expresado nos lleva a tener que afirmar que no existe tal antinomia entre justicia y política, sino que, muy por el contrario, ambas, o sea, magistratura y política, están llamadas a coexistir.

Sobre el particular, los autores italianos Carlo Guarnieri y Patricia Pederzoli, en su libro Los jueces y la política” expresan lo siguiente: “La justicia, aunque sea con formas que le son propias, se ha convertido en un ‘partner’ casi cotidiano del proceso político en sus distintos segmentos: desde la formulación de las políticas, mediante el poder de interpretar las leyes y de criticar su constitucionalidad, hasta su puesta en práctica, a través del control de los actos”.

Así pues, la importancia cada vez mayor que cobran los jueces, tras su innegable incidencia en la vida política nacional, demanda de funcionarios judiciales comprometidos con la preservación de su independencia, autonomía e imparcialidad. Más aún, nuestra sociedad reclama jueces que estén dotados de la preparación suficiente para ejercer acertadamente tan delicada función.

Pero esto no se queda ahí, sino que estas condiciones propias del perfil del juez que demandan estos tiempos deben llegar abonadas con los ingredientes que hagan al menos potencialmente factible el cumplimiento de estos requisitos. Hablamos, pues, de la independencia, la imparcialidad, la responsabilidad, la eficiencia, la dignidad y la honorabilidad.

Por todo lo anterior cobran aún mucho mayor importancia los mecanismos de selección de los jueces, en los cuales y con sobradas razones, siempre querrán incidir los sectores políticos. De ahí que sería recomendable que el Consejo Nacional de la Magistratura, órgano que tendrá a su cargo la selección de los jueces de estas nuevas jurisdicciones y los que habrán de componer la Suprema Corte de Justicia, esté llamado a dotarse de un mecanismo de selección en el que los criterios de transparencia e idoneidad sean los grandes protagonistas. Confiamos en ello.